Seis ex funcionarios de la Radio y Televisión Argentina  fueron procesados por el juez federal Luis Rodríguez. Están acusados de fraude contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario públicos. La investigación comenzó por el retiro de $ 11,4 millones de las cuentas del canal de TV Pública en efectivo en bolsas de nylon negras, para la realización de una serie sobre los amores de Manuel Belgrano, salteándose los controles administrativos.

Los procesados por el juez Rodríguez, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación, son: Atilio Siaira, Alejandro Eliseo de la Torre, Claudio Lamalfa, Ernesto Molinero, Ariel Berliner y Adriana Maestri. El juez dispuso embargar los bienes de cada uno hasta la cifra de $ 5 millones.

El juez Rodríguez, al igual que el fiscal, sostuvo que “se tiene debidamente acreditada la maniobra defraudatoria desplegada, entre los días 26 de febrero y 8 de marzo del 2021, por los funcionario de Radio y Televisión Argentina SE, (…) quienes, en el contexto de la puesta en marcha de la producción interna ‘Los amores prohibidos de Belgrano’, extrajeron la suma en efectivo de $ 11,4 millones, en concepto de anticipo de gastos de la cuenta bancaria de RTA SE con el objeto de materializar la adquisición discrecional de diversos productos y servicios, desatendiendo la normativa regulatoria sobre el manejo de los fondos involucrados y eludiendo los mecanismos de control internos existentes en la mentada Sociedad del Estado; lo cual redundó en indebidos beneficios para los imputados y hacia terceras personas”.

El juez Rodríguez dijo que hay “elementos contundentes que dan cuenta el modo en que los encartados se han apartado de los procedimientos que regulan su actividad” para extraer el dinero. “El presupuesto no contaba con la aprobación de las autoridades que correspondían de acuerdo a la normativa que rige en tales casos, y sumado a que los adelantos de dinero se efectuaron mediante el método de ‘anticipo de gastos’ -por lo que su utilización estaría recién justificada con la rendición que ulteriormente se efectuase-, la finalidad de los fondos extraídos resultaba ser absolutamente discrecional en favor de los mismos funcionarios”, escribió Rodríguez.